Los gremios del sector energético colombiano instan al Gobierno nacional a saldar de inmediato las deudas pendientes por subsidios de energía eléctrica y gas natural otorgados en 2024. Esta situación, ya crítica, amenaza con desbordar la capacidad operativa de las empresas prestadoras de estos servicios, lo que podría traducirse en aumentos tarifarios y cortes del suministro.
El caso más alarmante se registra en Puerto Carreño, Vichada, donde los cortes de energía prolongados han puesto en evidencia la gravedad de la crisis. Según las asociaciones Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, esta problemática podría extenderse al resto del país si no se toman medidas urgentes.
Las empresas reportan una deuda acumulada de $2,7 billones en subsidios para energía eléctrica y $628 mil millones para gas natural. Esta falta de liquidez no solo compromete el pago a proveedores y empleados, sino que ha obligado a las compañías a recurrir a la bolsa para garantizar el suministro, lo que ha incrementado las tarifas de los usuarios.
“El incumplimiento en los pagos pone en riesgo la continuidad del suministro de energía y gas, especialmente para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”, advierten los gremios en un comunicado. Además, alertan que las facturas podrían incrementarse hasta en un 150% si la situación no se resuelve.
El panorama se agravó con el presupuesto nacional de 2025, aprobado mediante el Decreto 1523 de 2024, que dejó sin financiación los subsidios correspondientes a dos trimestres para energía eléctrica y dos y medio para gas natural. Esta situación difiere de años anteriores, cuando solo se dejaba pendiente un trimestre para ser cubierto en la vigencia siguiente.
Los gremios también recuerdan que han advertido sobre esta problemática desde 2024, alertando no solo al Gobierno, sino también a organismos como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
Mientras las empresas intentan acceder a financiamiento para mitigar la crisis, los gremios insisten en la necesidad de que el Gobierno cumpla con los giros atrasados para evitar un colapso en el sector. “La falta de acción no solo amenaza la sostenibilidad financiera de las compañías, sino también la estabilidad del suministro de servicios esenciales para millones de colombianos”, concluyen.
