El Gobierno de Colombia alista un proyecto de decreto que restablecería la llamada “contribución solidaria” en el servicio de energía, lo que significaría un aumento de hasta el 20% en la factura para gran parte del sector empresarial.
La medida busca «restringir los beneficios tarifarios» que, desde 2013, amparan a diversas industrias y que, según cálculos oficiales, representan un «costo fiscal cercano a los $3 billones anuales», asumidos por el resto de usuarios. Con este ajuste, el Gobierno pretende ahorrar alrededor de $1,4 billones y «fortalecer la financiación de los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3».
El esquema de sobretasas en la energía tiene antecedentes en las leyes 142 y 143 de 1992 y 1994, que obligaban a los hogares de estratos 5 y 6, así como a los sectores industriales y comerciales, a pagar un recargo del 20% para subsidiar a los hogares más vulnerables. Sin embargo, la Ley 1430 de 2010 excluyó a los usuarios industriales, y el Decreto 2860 de 2013 amplió la lista de sectores beneficiados, entre ellos minería, construcción y explotación de canteras.
El proyecto actual plantea que solo las industrias manufactureras mantengan el alivio, focalizando así el beneficio y corrigiendo lo que el Ejecutivo considera una distorsión en el sistema de subsidios.
Aunque los estratos bajos no serían directamente impactados por el nuevo cobro, expertos advierten que podrían verse afectados de forma indirecta por el eventual traslado de costos al consumidor final.
Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa no solo «aliviaría la presión sobre las finanzas públicas, sino que también fortalecería la sostenibilidad del sector eléctrico y garantizaría recursos para continuar subsidiando a los hogares de menores ingresos».
