El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos de conversación y mecanismos de ubicación que fueron establecidos durante la administración de Gustavo Petro, al considerar que no produjeron resultados verificables en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La decisión cobija las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También quedaron terminados los espacios sociojurídicos que se mantenían con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. A esto se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Según el Gobierno, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de $7.000 millones únicamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores. La cifra, precisó, no incluye los recursos utilizados para esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos asumidos con recursos públicos.
La administración de De La Espriella aseguró que no continuará respaldando escenarios institucionales que, a su juicio, puedan ser utilizados por grupos armados para prolongar actividades delictivas, conseguir beneficios procesales o evadir la acción de la justicia.
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El Ejecutivo advirtió que quienes tengan una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán someterse a la justicia, mientras que las estructuras que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentadas por la Fuerza Pública dentro del marco legal.
El propio presidente De La Espriella aseguró en su cuenta de X que “se acabó la falsa paz” y sostuvo que durante su gobierno los grupos criminales no recibirán estatus político, concesiones ni impunidad. El mandatario insistió en que la construcción de la paz debe estar basada en seguridad, autoridad y justicia.
