El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) denunció una grave situación de seguridad luego del traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia una estación de Policía, como parte del proceso previo a su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
La medida, que fue solicitada por la Policía y que, según el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, cumplió con todos los requisitos de seguridad, desató una ola de retaliaciones por parte de presuntos miembros de la estructura delincuencial. En Tuluá (Valle del Cauca), las autoridades se vieron obligadas a imponer toque de queda durante la noche del 4 de junio, luego de que vehículos de transporte público y comercios fueran objeto de actos vandálicos.
La tensión aumentó cuando Gutiérrez reveló que él y otros funcionarios del Inpec han sido amenazados de muerte. Un panfleto, atribuido a La Inmaculada, circuló anunciando que a partir de la medianoche del 4 de junio se iniciarían ataques armados contra empleados penitenciarios en todo el país, declarando como objetivo militar a cualquier funcionario del Inpec.
“Lo que generó esta decisión son amenazas directas y panfletos intimidatorios. Aun así, no suspendimos las acciones. Vamos a continuar trabajando en conjunto con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para garantizar la integridad de nuestros funcionarios”, aseguró Gutiérrez.
Ante la gravedad de las amenazas, el Gobierno activó protocolos de seguridad y cooperación interinstitucional para prevenir posibles atentados, mientras continúa el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá, considerado uno de los principales generadores de violencia en el suroccidente del país.
