La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sandra Milena Zuluaga Rincón y Ana Patricia Díaz Latorre, funcionarias de la Gobernación del Quindío, por presuntamente haberse apropiado de más de $100 millones en pagos adicionales irregulares entre los años 2020 y 2023.
Según el ente de control, Zuluaga Rincón y Díaz Latorre, quienes desempeñaban funciones como profesionales universitarias en la Secretaría Administrativa de la Gobernación, habrían utilizado su acceso al sistema de gestión de nómina para modificar valores y liquidarse sumas superiores a las establecidas legalmente.
Las investigaciones indican que Sandra Milena Zuluaga habría recibido al menos 30 pagos injustificados por un valor que supera los $79 millones, mientras que Ana Patricia Díaz Latorre acumuló más de $45 millones a través de 52 transacciones irregulares. Estos montos corresponderían a bonificaciones por servicios prestados y ajustes salariales que no les correspondían.
Además, la Procuraduría sostiene que ambas funcionarias alteraron información en el sistema oficial de administración de nómina, lo que les permitió acceder a estos valores adicionales sin justificación alguna. Debido a la gravedad de los hechos, el ente de control calificó las conductas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.
El proceso disciplinario sigue en curso y, de confirmarse las acusaciones, Zuluaga Rincón y Díaz Latorre podrían enfrentar sanciones que incluyen la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La Procuraduría continúa con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
