Un nuevo capítulo se abrió en el proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, luego de que la Fiscalía solicitara una medida de arresto por su inasistencia presencial a las audiencias preparatorias de juicio que se adelantan en Barranquilla.
Durante la diligencia, la fiscal tercera delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, pidió imponer cinco días de arresto tanto a Petro como a su abogado, Alejandro Carranza, al considerar injustificada su ausencia. No obstante, el juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, señaló que se trata de un incidente de medidas correccionales que deberá resolverse en una audiencia posterior.
La delegada del ente acusador cuestionó el argumento del procesado, quien ha alegado dificultades para desplazarse por estar incluido en la denominada “Lista Clinton”. Como sustento, presentó imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa a Nicolás Petro junto a su esposa, Laura Ojeda, y su hijo en playas del Caribe, entre ellas una publicación del 30 de enero de 2026.
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La Fiscalía recordó que el exdiputado cuenta con una medida no privativa de la libertad, condicionada a su comparecencia a los llamados judiciales. En el mismo escenario, también fue expuesto el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechado el 24 de octubre de 2025, en el que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó, junto a otros allegados al presidente Gustavo Petro.
El informe señala que Nicolás Petro es considerado heredero político del mandatario y menciona su rol como jefe de campaña en Barranquilla. Asimismo, reseña su captura en 2023 por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, bajo señalamientos de haber canalizado recursos de origen ilegal hacia la campaña presidencial y el programa de “paz total”.
