La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación contra Zulma Guzmán Castro, señalada como presunta responsable de una serie de envenenamientos con talio en Bogotá, hechos que ya dejan dos menores fallecidas y varias personas afectadas.
El caso se remonta a abril de 2025, cuando dos menores de edad, de 13 y 14 años, murieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que, según las autoridades, habrían sido contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido. Una de las menores falleció el mismo día, mientras que la segunda murió días después debido a complicaciones médicas derivadas de la intoxicación. En ese mismo episodio, otras dos personas resultaron afectadas, aunque lograron sobrevivir.
La investigación tomó un nuevo rumbo tras el hallazgo de posibles casos adicionales. Entre ellos, el de Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 habría recibido chocolates contaminados mediante un servicio de domicilio. La mujer presentó graves afectaciones de salud y requirió atención médica especializada.
Además, las autoridades analizan un tercer envío sospechoso dirigido a otra mujer, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada. De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los análisis forenses han evidenciado similitudes clave en los casos, especialmente en el método de envenenamiento y el uso de la misma sustancia.
Los investigadores han identificado patrones en la modalidad de envío de los alimentos contaminados, lo que fortalece la hipótesis de un posible comportamiento sistemático. Estos elementos han llevado a considerar que Guzmán podría encajar en un perfil de asesina serial, aunque esta calificación aún se encuentra en etapa de verificación judicial.
Zulma Guzmán fue capturada en el Reino Unido a inicios de 2026, donde permanece mientras se define el proceso para su extradición a Colombia. Las autoridades colombianas ya han solicitado su traslado para que responda ante la justicia por estos hechos.
No obstante, el proceso enfrenta obstáculos, ya que las autoridades británicas evalúan las condiciones de reclusión que tendría en el país. Entre las opciones contempladas figuran centros penitenciarios en Bogotá, cuya idoneidad deberá ser verificada antes de autorizar la entrega.
La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existen más víctimas y esclarecer el alcance real de los hechos. Por ahora, el caso ha encendido las alertas por la posible existencia de un patrón de envenenamientos sistemáticos que aún no ha sido completamente esclarecido.
