La Fiscalía General de la Nación concluyó que Carlos Caicedo, exrector de la Universidad del Magdalena y exgobernador del departamento, no tuvo ninguna participación en el asesinato del decano Roque Morelli, ocurrido en septiembre de 2002 en Santa Marta. En su lugar, el ente acusador reafirmó la responsabilidad de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las AUC, y de Adriano Sánchez Comas, alias Don Joaco, ideólogo político de esa estructura paramilitar, como los verdaderos autores y determinadores del crimen.
La resolución fue emitida por la Fiscalía 228, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Según el documento, el asesinato obedeció a razones ideológicas, pues Morelli habría sido considerado cercano a grupos de izquierda radical o supuestos colaboradores de la guerrilla, por lo que se convirtió en blanco de las Autodefensas.
Pero la revelación más impactante de esta resolución es que el Estado colombiano, a través de sectores de las fuerzas militares y del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también fue cómplice de este asesinato. La Fiscalía concluye que información sensible fue entregada a los paramilitares, contribuyendo a la elaboración de una lista de personas señaladas como objetivos, entre ellas Roque Morelli.
Uno de los testimonios clave fue el de Willinton Mora Buenhaber, exintegrante de las Autodefensas de Magdalena y Guajira, quien aseguró que la orden de asesinar a Morelli provino de José Gregorio Rojas, bajo instrucciones de Hernán Giraldo Serna, y que esa lista de “objetivos” fue proporcionada por Walter Torres, con apoyo de inteligencia estatal. Esta declaración se suma a otros relatos ofrecidos en el proceso de Justicia y Paz por exjefes paramilitares del Magdalena.
La Fiscalía, además, rechazó de forma tajante las acusaciones impulsadas en años recientes por el abogado Julián Quintana, quien representa a la familia Morelli y ha sido señalado por sectores de opinión como operador de una campaña de persecución judicial contra Carlos Caicedo. Dicha estrategia habría sido financiada por el clan Díazgranados y otras élites políticas del Magdalena, según denuncias públicas.
Tras conocerse la decisión, Caicedo reaccionó a través de sus redes sociales, afirmando que “la verdad sigue abriéndose paso” y recordando que durante más de dos décadas ha enfrentado amenazas y ataques por parte de estructuras armadas y sectores políticos que han buscado silenciarlo. “Hoy la Fiscalía confirma lo que siempre denuncié: agentes del Estado y el paramilitarismo son responsables de los crímenes en la Universidad del Magdalena”, expresó.
Con esta resolución, se cierra un capítulo de incertidumbre judicial para Caicedo y se refuerza la versión histórica que señala al paramilitarismo, en complicidad con estructuras del Estado, como responsable de los crímenes perpetrados en contra de miembros de la comunidad académica en el Magdalena durante los años más intensos del conflicto armado.
