Siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reclutaron y utilizaron a 18.677 niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado en Colombia.
La admisión, hecha a través de una carta y un video enviados al tribunal y a las víctimas el 27 de febrero, incluye por primera vez el reconocimiento de que, además del reclutamiento forzoso, se cometieron crímenes sexuales y otras violencias graves contra menores.
El documento fue radicado en el marco del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de menores en las filas de la guerrilla, y representa un nuevo avance de este proceso de justicia transicional iniciado tras el acuerdo de paz.
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Reacciones y críticas de víctimas y sociedad
El pronunciamiento ha sido recibido con escepticismo por parte de algunas víctimas y organizaciones sociales, que han pedido mayor verdad y reparación integral. En procesos anteriores, sobrevivientes han cuestionado la profundidad de los reconocimientos y han llamado a la JEP a garantizar que se esclarezcan todos los patrones de violencia vividos por los niños y niñas.
Expertos en justicia transicional señalan que este reconocimiento ante la JEP podría influir en las futuras determinaciones de responsabilidades y en las medidas de reparación, aunque advierten que el proceso aún enfrenta desafíos para satisfacer las expectativas de las víctimas y la sociedad colombiana.
Contexto del reclutamiento infantil en el conflicto armado
Según datos oficiales de la JEP, en el Caso 07 se estima que al menos 18.677 menores fueron reclutados y utilizados por las FARC entre 1971 y 2016, y este número podría ser inferior a la cifra real de afectados. El reclutamiento de menores ha sido uno de los crímenes más documentados y simbólicos del conflicto armado colombiano y ha generado debates sobre la verdad, la responsabilidad y la reparación en el marco de la justicia transicional.
Las investigaciones también han identificado patrones de violencia reproductiva, sexual y de tortura asociados al reclutamiento, lo que ha motivado a la JEP a explorar con mayor detalle estos aspectos dentro del macrocaso.
Este reconocimiento histórico se produce en un contexto en el que la sociedad colombiana continúa confrontando las secuelas del conflicto armado y busca mecanismos para cerrar heridas y avanzar hacia la reconciliación.
