Después de dos décadas de incertidumbre y lucha por la verdad, las familias de Claribel Rodríguez Sierra, Claudia Patricia Peña y la indígena Wiwa Elibeth Vega Izquierdo pudieron recuperar los restos de sus seres queridos en un acto de entrega digna realizado en Norte de Santander y La Guajira. Las tres mujeres, que habían sido reclutadas por las antiguas Farc en su adolescencia, lograron huir del grupo armado, pero fueron capturadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) lograron ubicar sus cuerpos en el Cementerio Central de San Juan del Cesar, donde habían sido enterradas como Cuerpos No Identificados (CNI). Durante años, sus familias las buscaron sin respuestas, hasta que las investigaciones confirmaron que habían sido víctimas de una ejecución extrajudicial, comúnmente conocida como «falso positivo».
Según la investigación, Claribel Rodríguez Sierra tenía apenas 14 años cuando desapareció en el año 2000. Sus familiares la vieron por última vez cuando salió de su casa en Villanueva, La Guajira, para asistir a clases en el colegio José Agustín Mackenzie. Nunca regresó. Tiempo después, descubrieron que había sido reclutada por las Farc.
Claudia Patricia Peña, de 13 años, también fue víctima del reclutamiento forzado. Se había trasladado con su familia desde Norte de Santander a San Juan del Cesar cuando su vida cambió abruptamente. Junto a ella estaba Elibeth Vega, de 11 años, una niña indígena Wiwa de la comunidad de Sabanas de Joaquina, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ambas fueron reclutadas contra su voluntad y obligadas a hacer parte del conflicto.
Años más tarde, cuando tenían 20, 17 y 16 años respectivamente, las tres jóvenes lograron escapar de la guerrilla junto con otro desertor conocido como Óscar. Sin embargo, su intento de dejar atrás la guerra fue en vano, pues fueron interceptadas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes posteriormente las entregaron al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 Juan José Rondón. En lugar de garantizarles protección y su derecho a rendirse, fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por el Ejército.
La JEP ha señalado que este caso es uno de muchos en los que combatientes que se rendían o quedaban fuera de combate fueron ejecutados extrajudicialmente, lo que constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.
El acto de entrega de los cuerpos permitió a las familias darles una despedida digna, pero también reabre el debate sobre la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La búsqueda de muchas otras personas desaparecidas continúa, mientras sus familiares siguen exigiendo respuestas y justicia.
