La Corte Constitucional realizó la tercera sesión de seguimiento sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, un encuentro que dejó en evidencia un preocupante deterioro en las condiciones de seguridad de esta población.
Durante la instalación de la audiencia, la magistrada Cristina Pardo advirtió que el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento para los excombatientes desde la firma del Acuerdo en 2017. Según datos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en lo que va del año los homicidios de firmantes se incrementaron en un 67%, los desplazamientos forzados crecieron un 300% y los casos de desaparición forzada aumentaron en un alarmante 900%.
“Esta situación de violencia en contra de los firmantes de paz no es exclusiva del Catatumbo, en lo que va de este año esta Sala ha recibido información sobre diversos hechos victimizantes en muchos lugares del territorio nacional”, enfatizó la magistrada Pardo.
En un gesto simbólico, los magistrados de la Corte Constitucional se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos hechos violentos.
Por su parte, Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, reiteró que los asesinatos de excombatientes continúan siendo uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva del acuerdo.
A su vez, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, criticó la limitada articulación entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional en materia de protección a los firmantes. «La articulación es muy pobre y, para nosotros, resulta fundamental mejorarla», manifestó.
