A raíz del escándalo que sacude la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes en Antioquia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizó una inspección disciplinaria a la entidad.
El propósito de la indagación es identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, Manuales y / o Protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.
Allí, el equipo liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, Mercedes Vidal Luque, recaudó pruebas documentales las cuales permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio para determinar responsabilidades después de que en un retén militar, en cercanías del municipio de Bello, se detuviera a una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las Farc encontrándose al interior de los vehículos elementos tales como armas de fuego, municiones, dinero entre otros.
“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional al recalcar que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.
Esta situación, advirtió la funcionaria, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”; es por esto que anunció que realizará una inspección disciplinaria a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello.
Como se recordará, el pasado 23 de julio el Ejército sorprendió una caravana de la UNP compuesta por siete camionetas, donde se transportaban cabecillas del llamado Bloque Magdalena Medio, señalados de perpetrar actos criminales en nombre del Estado Mayor Central, entre los que estaban Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien es el segundo al mando de esta estructura y quien actualmente abandera la facción negociadora. También iban Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, comandante del frente 36, y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro y líder del frente 18 y alias ‘Boyaco? quien tenía orden de captura vigente.
Además les hallaron más de 100 millones de pesos en efectivo y municiones y lo más preocupante, viajaban con un menor víctima de reclutamiento forzado.
“Atención: en la caravana de las disidencias de Farc viajaba un menor de edad. De acuerdo con la información que recibí fue reclutado desde que tenía 12 años e instrumentalizado por el Frente 36. El menor fue remitido a la Inspección de Permanencia de Bello, Antioquia y después fue llevado al ICBF donde se encuentra en este momento. El reclutamiento es un delito, es un crimen de guerra. Suficiente razón para desmontar ese engañoso cese al fuego”, escribió en X el gobernador de Antioquia, Andrés Julían Rendón.
