La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) negó este lunes las afirmaciones realizadas en una alocución presidencial el pasado 4 de septiembre por el presidente Gustavo Petro, sobre la adquisición del software espía ‘Pegasus’.
En respuesta a un derecho de petición presentado por el abogado Santiago Suárez, la Dipol desvirtuó que compró esa tecnología de origen isrearlí por una suma de 11 millones de dólares, durante el Gobierno de Iván Duque.
La Dipol informó que, tras verificar el Sistema de Información para la Administración de Hardware y Software (Sinve) y el Sistema de Información Logística de Sector Defensa (Silog), no existen registros de contratos ni compras del software en cuestión.
“En la Dirección de Inteligencia Policial no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software ‘Pegasus’”, precisa la Dipol.
En cuanto a las presuntas interceptaciones a las que hizo alusión el mandatario colombiano, responde que “esta actividad no corresponde a la misionalidad de la Dirección de Inteligencia Policial, por lo cual, no se tiene información relacionada con los señalamientos realizados”.
La respuesta que fue firmada por el subdirector de Inteligencia Policial, teniente coronel Sergio Fernando Gómez, destaca que la contratación de la Dipol son públicos y están disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), asegurando la transparencia de sus operaciones. Además, aclaran que no se ha destinado ningún monto presupuestal para la adquisición del software espía.
El abogado que presentó el derecho de petición, puntualiza que existe una “discrepancia preocupante” entre las afirmaciones de la Dipol y las declaraciones de Petro. “La contradicción genera incertidumbre sobre la transparencia del Estado”, subrayó.
Como se recordará, la organización internacional Egmont Group of Financial Intelligence Units, que combate el lavado de activos, sancionó a Colombia por la denuncia del presidente, al considerar que las declaraciones afectaron la reserva de la información.
Entretanto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que no tiene, hasta ahora, ningún indicio que le dé a pensar que dicho programa haya sido utilizado para interceptaciones ilegales a magistrados durante el Gobierno anterior.
