Una red delincuencial que habría estafado a víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar mediante la supuesta venta de bienes administrados por el Estado fue desarticulada…
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Una red delincuencial que habría estafado a víctimas del conflicto armado y madres cabeza de hogar mediante la supuesta venta de bienes administrados por el Estado fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación. Cinco presuntos integrantes del grupo fueron judicializados por hechos ocurridos entre 2020 y 2024 en municipios del Valle del Cauca.
Los señalados son Álvaro José Correa Jaramillo, presunto cabecilla; Gerardo Antonio Carvajal, abogado encargado de formalizar las falsas transacciones; José Eliécer Torres Camilo, quien habría obtenido planos topográficos de los predios; Julio César González Ruíz, supuesto responsable del recaudo de dinero y firma de documentos, y Andrés Felipe Herrera Jiménez, actualmente detenido por otros delitos.
Según la investigación, el grupo habría engañado a más de una decena de víctimas —incluidas fundaciones sin ánimo de lucro— ofreciéndoles bienes como fincas, lotes y viviendas en Jamundí, Palmira, Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. Utilizaban documentación falsificada, incluidas escrituras públicas, promesas de compraventa, certificados catastrales y de tradición, para respaldar las supuestas ofertas.
Las víctimas eran contactadas y llevadas a visitas simuladas de los predios, tras lo cual se les exigían pagos disfrazados como «aportes voluntarios» destinados a cubrir trámites notariales y gastos de papelería. En total, los procesados se habrían apropiado de aproximadamente 850 millones de pesos.
Cuatro de los implicados fueron capturados durante operativos en Cali, en los que se incautaron equipos electrónicos, celulares, agendas y documentación falsa. Herrera Jiménez fue notificado en el centro carcelario donde permanece recluido.
En audiencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados por concierto para delinquir y estafa agravada. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para tres de los detenidos, mientras que Carvajal y González Ruíz cumplirán la medida en sus lugares de residencia.