La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó una Agencia Especial para intervenir en el caso de 35 ciudadanos venezolanos que habrían desaparecido en aguas de San Andrés.
De acuerdo a los testimonios de familiares, los migrantes se encuentran desaparecidos desde el pasado 21 de octubre en la madrugada, luego de abordar una lancha ilegal que los conduciría a costas nicaragüenses.
Tras escuchar el relato del Comité de Familiares y Amigos de Los Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia, conformado por los parientes de estas víctimas entre las que se encuentran 17 menores de edad y dos mujeres embarazadas.
La jefa del Ministerio Público también dispuso formular requerimientos a las diferentes autoridades nacionales y territoriales (Fiscalía, Policía, Migración Colombia y Cancillería) que han recibido las denuncias por desaparición, para conocer el estado de las averiguaciones.
“Vamos a apoyar a estas familias en todo, una situación así no puede pasar inadvertida en un país democrático como el nuestro. Debemos activar a todas las autoridades colombianas para que estos ciudadanos regresen con sus familias lo más pronto posible”, aseguró la Procuradora al final de la reunión.
Los familiares contaron que el grupo de migrantes desaparecidos, que llegaron a la isla provenientes de diferentes puntos del país, abordaron una embarcación ilegal en la noche del 21 de octubre de 2023, luego de varios intentos fallidos por zarpar.
Las familias no volvieron a recibir mensaje alguno de sus seres queridos confirmado que hubieran llegado a territorio nicaragüense. Con el paso de las horas se enteraron de que estas personas desaparecieron sin dejar rastro alguno, junto con los tripulantes de la lancha.
Desde entonces se han dedicado a recaudar toda la información posible (fotos, audios, correos y mensajes de texto) enviadas por sus familiares antes de desaparecer y a elevar denuncias y solicitudes a las autoridades del archipiélago y a las entidades del orden nacional, que no han sido tramitadas de manera suficiente, por lo que decidieron acudir a la Procuraduría en busca de ayuda.
La Procuradora también designó una comisión especial, en cabeza del procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que viajará a San Andrés en los próximos días para verificar el estado de las investigaciones por este y otros cuatro naufragios ocurridos entre 2022 y 2023, que dejan un saldo de cerca de 100 migrantes de diferentes nacionalidades.
