Ante los recientes hechos ocurridos en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifiesta su profunda preocupación por las graves situaciones de violencia organizada que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia.
En las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio putumayense de Puerto Guzmán, hubo enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y el grupo Comandos de Frontera, con un saldo preliminar de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de esas estructuras armadas.
En los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caquetá, se presentaron dos graves privaciones de la libertad de mujeres entre octubre y noviembre del año en curso. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo.
En Cesar, en la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre el ELN privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad; luego de desarmarlos, se los llevó con rumbo desconocido. Hoy no se tiene conocimiento de su situación actual. En ese departamento, en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robo a ganaderos y campesinos.
Y en Guaviare, el 2 de diciembre, tuvo lugar una masacre de cuatro personas en la vereda Puerto Cumare, donde además una mujer resultó herida. Una de las víctimas sería un psicólogo que prestaba servicios a un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Ante estos hechos, ocurridos en tan poco tiempo, la Defensora del Pueblo les exige a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades.
