A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que miles de familias damnificadas continúan…
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que miles de familias damnificadas continúan enfrentando obstáculos para recuperar sus condiciones de vida y acceder a sus derechos fundamentales. La entidad identificó dificultades en materia de vivienda, salud, educación y entrega de ayudas humanitarias, además de problemas en los mecanismos de registro y asignación de subsidios.
De acuerdo con el informe de seguimiento, con corte al 3 de noviembre, la emergencia deja un balance de 363.791 familias y 776.119 personas afectadas. Asimismo, 104.049 viviendas permanecen inhabitables, 19.149 fueron destruidas y otras 119.748 presentan daños. A estas cifras se suman 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas, según los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Uno de los principales inconvenientes señalados por la Defensoría está relacionado con el Registro Único de Damnificados, debido a que no existe un procedimiento suficientemente claro para incorporar a nuevas personas afectadas, corregir información equivocada o reportar daños que se hayan identificado después del cierre del proceso. Esta situación deja a algunas familias en dificultades para acceder a los programas de asistencia dispuestos por el Estado.
En cuanto a la situación habitacional, el organismo encontró inconsistencias en la clasificación de las viviendas afectadas y problemas para acceder a los subsidios de arrendamiento. Particularmente en Risaralda se identificaron más de 70.000 inconsistencias, mientras miles de hogares todavía esperaban recibir los apoyos económicos. A esto se suma que el auxilio mensual de 1.050.000 pesos podría resultar insuficiente para las familias, teniendo en cuenta que los procesos de reconstrucción se extenderían entre 12 y 18 meses.
Las dificultades también se reflejan en la prestación de los servicios de salud. Las visitas de seguimiento evidenciaron una disminución en la capacidad de atención, demoras para obtener citas con especialistas, dificultades en la entrega de medicamentos y retrasos en las autorizaciones médicas. Estas condiciones afectan la continuidad de los tratamientos y la atención de las personas que requieren servicios de salud después de la emergencia.
En el sector educativo, la Defensoría manifestó su preocupación porque miles de estudiantes todavía no han podido regresar a las clases presenciales o deben recibir formación en espacios provisionales que no reúnen las condiciones adecuadas de infraestructura. Esta situación representa otro de los desafíos para restablecer la normalidad en las comunidades afectadas y garantizar el derecho a la educación.
La financiación de la recuperación representa otra de las grandes preocupaciones. Según el informe, el costo estimado para desarrollar el proceso asciende a 58,29 billones de pesos; sin embargo, hasta el momento solamente se han identificado recursos por 8,21 billones. Esto significa que existe un déficit de financiación de 50,08 billones de pesos para ejecutar las intervenciones contempladas en el Plan de Acción Específico (PAE).
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo advirtió que, pese al tiempo transcurrido desde el terremoto, persisten importantes necesidades entre la población damnificada. Las dificultades administrativas, la falta de recursos suficientes y las limitaciones en la prestación de servicios esenciales continúan retrasando la recuperación y el restablecimiento de los derechos de miles de familias en el país.
