La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con el uso de artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos de Colombia, coincidiendo con los primeros días del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Los hechos se concentraron principalmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron situaciones en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. De acuerdo con el organismo, en un periodo reducido se presentaron acciones con armas de fuego, drones y explosivos dirigidas principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La Defensoría aclaró que la información disponible no permite establecer que exista una ofensiva nacional coordinada, debido a que las circunstancias y responsables de varios de los hechos aún están siendo investigados. Sin embargo, señaló que los ataques reflejan dinámicas territoriales protagonizadas por diferentes actores armados en un contexto de fragmentación de las estructuras ilegales.
El organismo advirtió que algunos de estos hechos ocurrieron en zonas urbanas o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, generando afectaciones a civiles y restricciones en la movilidad. También alertó sobre el empleo recurrente de drones y explosivos cerca de áreas pobladas, debido al riesgo de que ocasionen afectaciones indiscriminadas.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales a respetar a la población civil y las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Asimismo, pidió abstenerse de acciones que puedan poner en peligro la vida, integridad y movilidad de las comunidades.
Finalmente, el organismo consideró necesario que el nuevo Gobierno fortalezca desde sus primeros días una respuesta integral frente a la violencia, que combine las medidas de seguridad y defensa con estrategias de prevención y protección de las comunidades afectadas por la presencia y accionar de grupos armados.
