La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha activado un nuevo mecanismo legal para revertir la sentencia que la mantiene privada de la libertad. Su abogado, Sofonías Santacruz Carabalí, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la capital, buscando la nulidad de lo actuado desde la diligencia de aceptación de cargos y su libertad inmediata.
Barrera Rojas cumple actualmente una pena de 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, luego de que en noviembre de 2019 se grabara destruyendo vidrios y torniquetes de la estación Molinos de TransMilenio durante el paro nacional. Además de la pena intramural, fue sancionada con una multa de 493 salarios mínimos legales y la prohibición de usar redes sociales. Hoy permanece recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
El recurso radicado por su defensa argumenta que el proceso estuvo viciado desde la aceptación de cargos, pues la influenciadora habría recibido asesoría deficiente de su abogado de entonces, lo que habría vulnerado su derecho a una defensa técnica idónea. Según el documento, el letrado anterior le recomendó aceptar los cargos con la promesa de beneficios jurídicos que no aplicaban a su caso debido a la gravedad del delito imputado.
La tutela señala que las autoridades judiciales que intervinieron —juez de conocimiento, Tribunal Superior y Corte Suprema— omitieron verificar la idoneidad de la defensa, lo que, según la defensa actual, agravó la situación de la procesada al sumar el delito de instigación a delinquir con fines terroristas en segunda instancia. “Apunté a tumbar la sentencia por haber sido producida con violación al debido proceso”, aseguró Santacruz, quien destacó que esta es una acción constitucional excepcional, ya admitida por la Sala Civil de la Corte Suprema y actualmente en trámite.
De manera paralela, Barrera ha buscado mecanismos de justicia restaurativa. En semanas recientes, logró un acuerdo conciliatorio con TransMilenio S.A., en el que se comprometió a pagar 100 millones de pesos como reparación y realizar actividades pedagógicas en redes sociales.
