El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este jueves revisar los esquemas de protección financiados por el Estado y retirar aquellos que no cuenten con una justificación suficiente,…
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El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este jueves revisar los esquemas de protección financiados por el Estado y retirar aquellos que no cuenten con una justificación suficiente, como parte de una estrategia de austeridad para reducir el gasto público. El anuncio se produjo durante una visita al Ministerio del Interior, cartera de la que depende la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad responsable de evaluar los riesgos y coordinar medidas de seguridad para personas amenazadas por sus actividades políticas, sociales, periodísticas y de defensa de los derechos humanos, entre otras.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó el funcionamiento de algunos de estos mecanismos y sostuvo que la misión de la UNP se ha apartado de su propósito original. Según afirmó, no deben asignarse medidas de seguridad sin fundamentos sólidos, incluso cuando las solicitudes se presentan después de denuncias por amenazas. En ese contexto, criticó lo que considera un uso injustificado de los recursos destinados a la protección personal y defendió la necesidad de realizar una revisión integral de los beneficiarios.
De La Espriella relacionó esta decisión con la situación de las finanzas públicas y la necesidad de eliminar gastos que considera innecesarios. Sin embargo, aseguró que la protección estatal continuará para quienes realmente enfrenten riesgos, sin distinciones por su orientación política o sus preferencias electorales. Los esquemas de la UNP pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otras medidas de seguridad, determinadas según la evaluación del nivel de amenaza de cada persona. Entre sus beneficiarios se encuentran líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y otras poblaciones expuestas a situaciones de riesgo.
En la misma jornada, el jefe de Estado pidió mayor transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, y advirtió que no permitirá intercambios de contratos, cargos o recursos públicos a cambio de respaldo político. También solicitó eliminar gastos innecesarios en el Ministerio del Interior y sus entidades adscritas, y anunció que los casos de corrupción o favoritismo serán objeto de medidas gubernamentales. No obstante, el mandatario no especificó cuántos esquemas de protección podrían ser retirados, cuál será el plazo para completar la revisión ni cuánto espera ahorrar con esta iniciativa.
