El Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó las reglas que durante años mantuvieron suspendidos de manera general los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado por el mandatario.
La nueva disposición no implica una autorización general para portar armas. El Ejecutivo precisó que continuarán vigentes los controles, requisitos y permisos a cargo de las autoridades competentes, conforme al marco legal establecido, incluida la Ley 61 de 1993.
Para acceder a un permiso, los ciudadanos deberán contar con autorización vigente expedida por la autoridad militar, portar únicamente el arma amparada por dicha autorización, tener mínimo 25 años, no registrar antecedentes y acreditar condiciones médicas, físicas, psíquicas y psicofísicas. También deberán demostrar conocimientos teóricos relacionados con el manejo del arma.
De la Espriella defendió la decisión al señalar que, mientras se restringía el porte legal, las organizaciones criminales continuaban adquiriendo armamento por vías ilegales. Según el presidente, el propósito es garantizar protección institucional a quienes cumplan la ley y, paralelamente, emplear toda la fuerza legítima del Estado contra los grupos armados ilegales.
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Como parte de sus argumentos, el mandatario reveló que entre el primero de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
Las cifras oficiales citadas por el presidente señalan que 980 armas fueron asociadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. En el caso de las disidencias, precisó que entre el armamento incautado había 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros.
El Gobierno insistió en que el cambio no supone un porte indiscriminado, sino el levantamiento de la suspensión general, mientras permanecen las exigencias legales para quienes pretendan obtener y ejercer un permiso de porte.
