El presidente Abelardo De la Espriella denunció posibles irregularidades en la gestión del sistema de medios públicos durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la adquisición de…
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El presidente Abelardo De la Espriella denunció posibles irregularidades en la gestión del sistema de medios públicos durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la adquisición de una unidad móvil cuyo contrato habría alcanzado los $11.924 millones. Según el mandatario, el caso presenta deficiencias técnicas y un posible sobrecosto superior a los $2.000 millones, por lo que solicitó que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades.
La denuncia fue presentada este miércoles durante la conmemoración de los 22 años del sistema de medios públicos, escenario en el que el jefe de Estado también anunció que la entidad retomará el nombre de RTVC, luego de que durante la administración anterior fuera denominada Inravisión en abril de este año. De la Espriella señaló que la denominación RTVC hace parte de la historia de los medios públicos colombianos.
Durante su intervención, De la Espriella también cuestionó el uso de los medios estatales para promover determinadas corrientes ideológicas. Afirmó que la televisión pública no debe convertirse en un instrumento de adoctrinamiento, especialmente entre niños y jóvenes, y sostuvo que su administración no permitirá que la programación responda a agendas particulares, en referencia a sus críticas al llamado wokismo.
El presidente agregó que el caso de la unidad móvil es uno de varios asuntos que están siendo examinados. De acuerdo con información divulgada por la Presidencia, la revisión también comprende más de 1.000 contratos suscritos durante el último año de la administración anterior, por un valor superior a los $100.000 millones.
Finalmente, el mandatario aseguró que la documentación relacionada con las presuntas irregularidades fue remitida a los organismos de control para su evaluación. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deberán establecer, dentro de sus competencias, si hubo irregularidades y si existen responsables. Por ahora, se trata de señalamientos que deben ser verificados por las autoridades competentes.
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