La Corte de Suprema de Justicia convocó a una reunión a los alcaldes de las principales ciudades capitales del país (Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; y Barranquilla, Álex Char) y entidades competentes, para analizar el tema del hacinamiento carcelario y tomar medidas urgentes.
El encuentro, que estuvo presidido por el presidente del alto tribunal, magistrado Gerson Chaverra; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez y el Director de la Policía Nacional, general William Salamanca, para dialogar sobre la situación que se viene presentando en centros de detención transitoria, URI y estaciones de Policía en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
En esta cumbre, expusieron que la problemática supera el 166 % de sobrepoblación en estos lugares que son transitorios y que no deberían tener personas allí por largos periodo de tiempos, principalmente condenadas que no son remitidas a las cárceles. Además, hay muy pocos policías para mantener la seguridad y custodia de los internos en estos lugares.
Según las cifras reveladas, hay 1.089 estaciones de Policía con una capacidad para 9.694 privados de la libertad, pero con un total de 21.615 en esa condición.
En total se cuenta con 2.371 policías encargados de la custodia de las personas en estos centros reclusorios transitorios. Mientras que hay 86 Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y 1.248 detenidos.
El magistrado Gerson Chaverra, entregó las conclusiones de esta reunión, la principal, el traslado inmediato a centros penitenciarios de más de 900 personas privadas de la libertad, que están condenadas, hacia los penales que cuentan con cupos y que ya han sido identificados por el Ministerio de Justicia.
Por su parte, los alcaldes se comprometieron a habilitar conexiones en estaciones y URI para facilitar diligencias judiciales virtuales y así reducir el número de libertades otorgadas por vencimiento de términos. El Ministerio de Justicia evaluará la creación de sitios transitorios de reclusión bajo vigilancia de particulares.