La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, que concluyó que el excongresista participó en maniobras ilegales para intervenir en procesos adelantados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Según la investigación, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, Gil Castillo habría coordinado acciones con otras personas para afectar el normal desarrollo de procesos judiciales y obtener beneficios económicos irregulares.
La Corte estableció que el exsenador realizó gestiones indebidas ante el entonces fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo Casas, con el propósito de favorecer a personas investigadas en esa jurisdicción.
El alto tribunal señaló que las actuaciones buscaban influir en otros funcionarios de la JEP para alterar decisiones judiciales, situación que también habría estado relacionada con el caso del exjefe guerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte.
En la sentencia, la Corte aseguró que durante el proceso no se evidenciaron vulneraciones a los derechos ni garantías judiciales del exsenador, por lo que decidió mantener la condena impuesta en su contra.
