La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario permanece prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua.
La Sala Penal del alto tribunal rechazó una acción de tutela interpuesta por la defensa, que alegaba vulneración del debido proceso y exceso en las facultades del Tribunal Superior de Bogotá al imponer una medida de aseguramiento con argumentos —según sostuvo— propios de una sentencia condenatoria. La Corte concluyó que la decisión fue adoptada dentro del marco legal y sustentada en una valoración razonable de los elementos probatorios.
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El 29 de enero, la Fiscalía acusó formalmente a González ante la Sala Especial de Primera Instancia por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
Según el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2023 habría ordenado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, gestionar pagos ilícitos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, con recursos derivados del contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
Las pruebas indican que se habrían entregado $3.000 millones a Name, a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y $1.000 millones a Calle, trasladados a Montería por el exsubdirector Sneyder Pinilla.
