La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras una auditoría que dejó al descubierto 21 hallazgos por un valor total de $81.593 millones. De estos, siete tienen implicaciones fiscales, 20 posibles responsabilidades disciplinarias, tres con connotación penal y uno fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El informe abarcó tres áreas claves: pensiones, cesantías y servicios de salud del magisterio, incluyendo el nuevo modelo implementado recientemente. Entre las principales inconsistencias detectadas están el deficiente manejo en el cobro de cartera, el pago de mesadas a beneficiarios fallecidos, la ausencia de provisiones adecuadas frente a facturas médicas pendientes de auditoría y fallos judiciales pagados fuera del plazo legal, que obligaron al Estado a asumir intereses por cerca de $3.210 millones.
Uno de los hallazgos más graves fue la ineficiencia en la recuperación de cartera, que derivó en un detrimento fiscal estimado en $23.800 millones. A esto se suma la ejecución de contratos sin respaldo presupuestal. La Contraloría identificó 13 convenios por $525 mil millones que iniciaron sin contar con los Certificados de Registro Presupuestal (CRP) exigidos por ley, además de otros 52 contratos por $648 mil millones que no tienen acta de inicio formal.
El ente de control también señaló presunta corresponsabilidad de la Fiduprevisora, administrador fiduciario del Fondo, y reiteró el llamado a implementar correctivos urgentes para evitar que estas fallas sigan comprometiendo los recursos públicos y afectando la prestación de servicios esenciales para el magisterio colombiano.
