Un informe de la Contraloría General de la República dejó en evidencia el deterioro estructural e institucional del sistema penitenciario en Colombia. La entidad identificó hallazgos fiscales por más de 78.000 millones de pesos, además de incumplimientos sistemáticos de órdenes de la Corte Constitucional que agravan la situación de hacinamiento, salud y alimentación en los centros de reclusión.
El reporte señala que en cárceles como las de Espinal, Itagüí, Ipiales y Buga hay obras inconclusas que han dejado más de 4.700 cupos inhabilitados. Además, se encontraron contratos suspendidos o abandonados para infraestructura esencial, como calderas y plantas de tratamiento de agua. La prestación de servicios de salud es deficiente, con equipos médicos inutilizados, medicamentos que no llegan y más de 2.000 procedimientos represados. En cuanto a la alimentación, las cocinas presentan condiciones insalubres y hay maquinaria costosa sin utilizar.
La crisis también se refleja en la sobrepoblación, especialmente en los centros de detención transitoria, donde el hacinamiento alcanza niveles de hasta el 500%. Cerca de 21.000 personas privadas de la libertad permanecen en estaciones de policía en condiciones inadecuadas. A esto se suma que solo el 2% del presupuesto se destina a programas de resocialización, lo cual contrasta con una tasa de reincidencia del 20%. La falta de conectividad y equipos también ha provocado la cancelación de múltiples audiencias judiciales.
El informe concluye que el sistema carcelario enfrenta un panorama de abandono y negligencia estatal, lo que pone en entredicho su capacidad para garantizar derechos fundamentales, la rehabilitación de los internos y el cumplimiento de su función dentro del sistema de justicia colombiano.
