La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a $2 billones, suscritos entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, luego de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe este tipo de contratación en periodo electoral.
El ente de control, a través de su Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), revisó un total de 25.685 contratos por $2.8 billones y, tras depurar las excepciones legales, identificó que la mayoría de estos procesos no estarían cobijados por los sectores exceptuados por la norma.
De acuerdo con el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías.
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Seguimiento preventivo y modelo analítico electoral
La Ley de Garantías permite contratación directa únicamente en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito. Sin embargo, el análisis realizado por el organismo de control evidenció que miles de contratos fueron firmados por fuera de estas categorías.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo preventivo basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas para anticipar posibles irregularidades antes de que se materialicen.
Durante el foro ‘Garantías Electorales, un diálogo con las regiones’, el jefe del ente de control aseguró que el reto institucional es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de equidad, seguridad y confianza. En ese marco, se implementó el Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, con el que se monitorean los recursos destinados a las elecciones.
Contratos por eventos y publicidad en época electoral
Dentro del seguimiento, la Contraloría también analizó la contratación directa relacionada con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, ante el riesgo de uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas.
Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1.68 billones asociados a este tipo de actividades. Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos adicionales por $31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de este año.
El contralor enfatizó que la entidad no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto público, y advirtió que en un contexto de polarización, desinformación y violencia política, se hace necesario fortalecer las garantías electorales y promover prácticas responsables en el manejo de los recursos del Estado.
