El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del acto administrativo que fijaba el incremento del salario mínimo para 2026, una decisión que deja en pausa los efectos jurídicos del ajuste mientras se estudia de fondo la demanda de nulidad.
La medida cautelar fue adoptada por el magistrado ponente del caso, quien determinó que el decreto —que establecía un aumento del 23,78 %— debe revisarse por «posibles inconsistencias frente a los criterios legales y constitucionales exigidos para la fijación del ingreso básico».
La noticia fue revelada inicialmente por el periodista Ricardo Ospina durante el programa Mañanas Blu, donde se precisó que el Ejecutivo «tendrá un plazo de ocho días para expedir un decreto transitorio que subsane los vacíos identificados».
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El fallo destaca que el nuevo acto deberá incorporar de forma integral variables como inflación, productividad y coyuntura económica, dentro de un proceso de concertación entre trabajadores, empresarios y el Estado. Asimismo, recalca que «la fijación del salario mínimo no puede responder únicamente a una decisión política, sino a parámetros técnicos objetivos».
