El Consejo de Estado suspendió el Decreto 575 de 2021, que impartió las instrucciones a las Fuerzas Militares para dar asistencia de seguridad y recuperar el control en los territorios afectados por la violencia originada durante las protestas que iniciaron el 28 de abril.
El acto administrativo quedó suspendido como respuesta a una acción de tutela interpuesta por varios ciudadanos de la ciudad de Cali, que consideraron que el decreto de asistencia militar vulneraba su derecho a la protesta y ponía sus vidas en peligro.
En ese sentido, la sección cuarta del Consejo de Estado determinó que los motivos que originaron el Decreto 575 fueron en la práctica problemas de orden público de carácter interno en las ciudades, y de manejo de multitudes civiles cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional y no en las FF.MM.
En ese sentido, el tribunal aclara que si bien el derecho a la protesta puede limitarse en caso de alteraciones de orden público, no es proporcional el uso de instituciones militares cuando es la Policía la que debe controlar a la población civil.
Además la sección cuarta citó la sentencia C-281 de 2017, emitida por la Corte Constitucional, donde se aclara que “la protesta social por sí sola no representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”.
Ahora el Decreto 575 no estará vigente hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no emita un fallo definitivo sobre su legalidad.
