El Consejo de Estado instó a las autoridades locales de la región del Catatumbo a adoptar medidas inmediatas para atender a la población en situación de desplazamiento forzado reciente, con especial atención a niños, niñas y adolescentes, afectados por la violencia ejercida por grupos armados ilegales.
En un pronunciamiento emitido por la Sala Plena, la alta corte advirtió que en al menos 11 municipios de esta convulsa zona del país no existe información clara que permita identificar plenamente a las víctimas del desplazamiento. Por ello, ordenó a las administraciones municipales adelantar censos poblacionales, activar rutas de atención y garantizar la entrega de ayudas humanitarias a quienes aún no han sido asistidos.
Los municipios cobijados por la decisión son Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro.
“Es necesario adelantar actuaciones a favor de este grupo poblacional en los municipios que integran esa región”, señaló el alto tribunal, destacando la urgencia de una respuesta institucional integral que permita restablecer los derechos de las víctimas.
De manera paralela, el Consejo de Estado reconoció los esfuerzos adelantados por otras administraciones municipales, como La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí, las cuales han implementado medidas como la entrega de ayudas, la respuesta oportuna del sector defensa, la creación de aulas temporales de emergencia y programas de restablecimiento de derechos para menores.
La corte también destacó la articulación interinstitucional entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, cuyo trabajo ha sido clave en las zonas donde se ha logrado una respuesta efectiva frente a la crisis humanitaria.
La decisión reafirma la obligación del Estado de proteger a la población civil en zonas afectadas por el conflicto armado y garantizar su acceso a derechos básicos, especialmente en territorios donde la presencia institucional sigue siendo frágil.
