Un juzgado de conocimiento en Turbo, Antioquia, condenó a 40 años de prisión a Iván Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, excomandante del secretariado de las extintas Farc, por su participación en el secuestro y asesinato del subintendente del Ejército Wargner Harbey Tapias Torres, en hechos ocurridos entre 1997 y 2003.
La Fiscalía demostró que el suboficial fue secuestrado el 28 de mayo de 1997 en la vereda El Limón, vía que conecta Turbo con San Pedro de Urabá, tras caer en un retén ilegal instalado por guerrilleros de las Farc. En esa operación, los insurgentes interceptaron vehículos civiles, obligaron a descender a los pasajeros, y al identificar al militar, lo retuvieron y lo trasladaron a un campamento clandestino, en el que también se encontraban el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, secuestrados días después en otro operativo.
Durante casi seis años, el subintendente Tapias estuvo retenido en condiciones inhumanas, hasta que el 5 de mayo de 2003, en medio de una operación militar aérea de rescate, ‘Iván Márquez’ habría ordenado ejecutar al uniformado, temiendo que fuera liberado por las fuerzas del Estado. La orden fue cumplida por los encargados del campamento guerrillero.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía recopiló una serie de pruebas, entre ellas testimonios de excombatientes, informes periciales y evidencia técnica, que permitieron establecer la responsabilidad directa de Márquez en la orden de asesinato.
La juez sentenció al excomandante guerrillero por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado, y dejó claro que no tendrá derecho a beneficios judiciales como prisión domiciliaria o suspensión de la ejecución de la pena. Esta condena se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Márquez por crímenes cometidos durante el conflicto armado, a pesar de haber participado inicialmente en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, del cual posteriormente se desvinculó al retornar a la actividad armada con el grupo disidente “Segunda Marquetalia”.
La decisión judicial representa un avance en el esclarecimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y envía un mensaje de justicia a las víctimas y sus familias, quienes durante décadas han esperado respuestas por los abusos cometidos durante el conflicto interno colombiano.
