Una contundente sentencia fue emitida por un juez del Valle del Cauca contra Brayan Campo, responsable del feminicidio de la niña Sofía Delgado, de 12 años, cuyo caso causó profunda indignación en el país. El sujeto fue condenado a 58 años y 3 meses de prisión, tras comprobarse su responsabilidad en el crimen cometido en el municipio de Candelaria.
Los hechos se remontan a mediados de 2024, cuando Sofía fue reportada como desaparecida por su familia, generando una intensa búsqueda. Sin embargo, días después, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en una zona boscosa de cañaduzales, ubicada en la vía entre Candelaria y Florida. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la confesión del agresor permitieron esclarecer los detalles de este crimen que estremeció a toda una comunidad.
Según el expediente judicial, Brayan Campo atrajo a la menor bajo engaños hasta un local comercial, presuntamente una tienda de mascotas. Una vez adentro, cerró el establecimiento y, tras un forcejeo con la víctima, le propinó un golpe contundente en la cabeza que le causó la muerte. Posteriormente, envolvió el cuerpo en costales y lo trasladó en una motocicleta hasta el sector rural donde lo abandonó.
Campo fue capturado semanas después y recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, como medida preventiva mientras avanzaba el proceso judicial. Con la sentencia ya en firme, el feminicida deberá cumplir allí la totalidad de su condena, sin derecho a beneficios judiciales, dada la gravedad de los hechos.
La familia de la menor, así como organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, han recibido con esperanza esta decisión judicial, considerada como un acto de justicia frente a un crimen brutal que no solo arrebató una vida inocente, sino que también evidenció los riesgos que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el país.
El caso de Sofía se suma a las alarmantes cifras de violencia de género y feminicidios en Colombia, lo que ha llevado a nuevos llamados de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de protección y sancionar con mayor severidad este tipo de delitos.
