Los habitantes de Chocó atraviesan una crisis sin precedentes, exacerbada por intensas lluvias y la reciente declaración de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La situación ha dejado a cientos de comunidades ribereñas en condiciones de confinamiento, lo que ha llevado a diversas instituciones a solicitar a la guerrilla que cese sus actividades que afectan gravemente a la población civil.
Según el último balance de la Gobernación del Chocó, alrededor de 100,000 personas han sido damnificadas por la emergencia climática, que ha arrasado con enseres, viviendas y cultivos.
La gobernadora Nubia Córdoba destacó “Esta es la emergencia de mayores proporciones que hemos tenido que enfrentar como departamento. La afectación ha llegado a 25 de nuestros 31 municipios”. El censo preliminar indica que 4,337 viviendas, 18 colegios y 1,478 hectáreas de cultivos han sido devastados, comprometiendo así la seguridad alimentaria de la región.
Mientras las autoridades intentan atender la emergencia, las comunidades también enfrentan la intimidación de grupos armados ilegales. El paro armado del ELN, que comenzó el 9 de noviembre, ha restringido el acceso a ayuda humanitaria en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, afectando a aproximadamente 45,000 personas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo declaró: “Deben respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en general. Con la situación de inundaciones en la mayoría de los municipios, personas están perdiendo sus cultivos y no tendrán con qué subsistir”.
La Unidad de Víctimas también instó al ELN a evitar que las poblaciones sean sometidas a confinamientos o desplazamientos forzados.
Este paro es el tercero en menos de cinco meses y se produce en medio de una lucha territorial entre el ELN y el Clan del Golfo; a pesar de los esfuerzos del Gobierno por reactivar el diálogo con el ELN, la situación humanitaria en Chocó se agrava. La Corte Suprema ha exigido urgentemente que se atienda esta crisis y que cesen las hostilidades para permitir el ingreso de ayuda estatal.
La gobernadora Córdoba enfatizó que los actores armados deben levantar el confinamiento impuesto a las comunidades afectadas por las inundaciones para garantizar su seguridad y bienestar.
