El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral con las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Calarcá, marcando un punto de inflexión en la política de “paz total”. La medida, vigente desde octubre de 2023 y extendida en dos ocasiones, expiró a la medianoche del pasado 15 de abril de 2025.
La decisión fue comunicada mediante una carta oficial enviada por la Consejería Comisionada de Paz, en la que se notificó que, pese a un preacuerdo alcanzado por las delegaciones de ambas partes para una nueva prórroga, el presidente no otorgó su aval definitivo. En la misiva se establece un plazo de 72 horas para que las partes se reubiquen y adopten medidas de seguridad y protección.
Aunque el cese al fuego llega a su fin, la Mesa de Diálogos de Paz no se suspende. Según el comunicado oficial, el Gobierno mantendrá el reconocimiento de los bloques y frentes del Estado Mayor Central como interlocutores legítimos, así como la suspensión de órdenes de captura para sus delegados en negociación. Sin embargo, quienes hacían parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación ya no contarán con esta protección.
La finalización de este cese al fuego —el único vigente en el país bajo la actual política de paz— deja en suspenso los compromisos alcanzados recientemente en La Macarena, Meta, donde se había pactado una extensión de seis meses y se preparaba una reunión clave para el próximo 28 de abril. En dicho encuentro se esperaban acuerdos concretos en materia de derechos humanos y respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Con este giro, el Ejecutivo plantea continuar el diálogo en un contexto de confrontación armada, lo que abre un panorama incierto para el curso de las negociaciones con el grupo disidente. La decisión representa un desafío crucial para la estabilidad del proceso de paz y la consolidación de la seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto.
