El Gobierno Nacional presentó este lunes la ponencia positiva de la reforma tributaria, un paso fundamental para financiar el Presupuesto General de la Nación 2025, proyectado en $523 billones. Según Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente del Partido Verde, la meta de recaudo se estima en $11,5 billones, aunque las proyecciones del texto legislativo apuntan a cifras cercanas a los $12 billones.
Los recursos se obtendrán de diversas fuentes: $5,6 billones provenientes de adelantos de la regla fiscal, $3 billones por la eliminación de beneficios tributarios y $2 billones adicionales mediante mejoras administrativas en la Dian.
Entre los cambios más destacados de la reforma se encuentra la eliminación del IVA del 19% a plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, una medida que inicialmente buscaba recaudar $2 billones en su primer año, pero que fue retirada debido a preocupaciones sobre su impacto y la posible incentivación de la ilegalidad.
Además, se excluyeron los artículos que pretendían gravar la enajenación de activos por personas naturales y jurídicas, así como el que proponía aplicar IVA a vehículos híbridos. Sin embargo, el texto introduce nuevos impuestos, como una tarifa del 1% por concepto de timbre y una redefinición de los dividendos como ingreso para los accionistas.
Una de las medidas más polémicas es el impuesto a importaciones menores a USD $200, que según Lisandro Junco, exdirector de la Dian, podría contravenir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la Dian justificó la medida argumentando que busca combatir el contrabando técnico y proteger la competitividad local.
En cuanto al impuesto al carbono, la reforma propone un incremento progresivo, que comenzará en $41.000 por tonelada de CO2 en 2025 y alcanzará los $75.000 en 2027. Para sectores como el transporte aéreo y el uso de diésel, se aplicará una tarifa reducida del 75% durante el periodo transitorio.
El debate sobre la reforma tributaria continúa en el Congreso, con amplias implicaciones fiscales y económicas para el país. El Gobierno mantiene su compromiso de financiar un presupuesto ambicioso sin comprometer la estabilidad económica.
