La Procuraduría General de la Nación ha inhabilitado al excanciller Álvaro Leyva Durán para ejercer cargos públicos durante 10 años, tras hallarlo responsable de anular sin justificación la licitación pública de 2023 para la expedición de pasaportes.
Esta licitación, que había seleccionado a la firma Thomas Greg & Sons para un contrato valorado en $600.000 millones, fue cancelada por Leyva durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores.
El Ministerio Público argumentó que la decisión del excanciller puso en riesgo el acceso de los colombianos al servicio de pasaportes. Leyva, por su parte, defendió su actuación alegando que el proceso carecía de competencia adecuada y que se estaba adjudicando sin cumplir con las normas de contratación estatal. Tras el fallo, el exfuncionario calificó la decisión: “hoy no es jurídico, es absolutamente político. Tanto así que hace unos días estaba prevista una decisión diferente”.
Leyva también criticó a la procuradora Margarita Cabello por haber prejuzgado el caso al anunciar resultados antes de finalizar el proceso, lo que, según él, vulnera el debido proceso. Además, cuestionó la competencia de la Procuraduría para pronunciarse sobre la validez de actos administrativos, argumentando que solo los jueces contenciosos pueden hacerlo.
«Para ahondar en los garrafales errores en los que se ha incurrido la Procuraduría, desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos, cuya legalidad se presume y que solo los jueces contenciosos pueden desvirtuar», añadió Leyva Durán.
Comunicado público. pic.twitter.com/yt5tfqBGGR
— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) November 12, 2024
