A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la nueva categorización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
De acuerdo con el ente de control la alerta está basada en el análisis que hizo sobre una información emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual está relacionada con la actualización de la clasificación de los hogares mediante el Registro Social de Hogares (RSH),
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis señaló que “La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60% del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización.
De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación, por lo cual es necesario que la aplicación del mecanismo sea rigurosa, para no afectar a los ciudadanos”.
Según lo expuesto en la comunicación, el proceso de actualización del Sisbén está produciendo una recategorización de los hogares, la cual muestra que 732.740 hogares han salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una disminución del 17,8%.
Además, 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
Asimismo, señala que, aunque los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición socioeconómica, la preocupación surge al constatar que 615.526 hogares fueron cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento del 19,7%. Adicionalmente, se observa un incremento del 4,2% en el grupo de no pobres y no vulnerables, que añade 63.355 hogares a esta clasificación.
“El reajuste en la categorización podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia”, señaló Camargo Assis.
Si bien la actualización metodológica busca una identificación más precisa de las necesidades de los hogares, aclara el Defensor, “la reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
