Luego de cumplir con todo el trámite legal correspondiente y ante la impostergable necesidad de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá –POT– a criterios coherentes con la realidad de la ciudad y del planeta, la alcaldesa Claudia López, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decretó el POT Bogotá Reverdece 2022-2035.
El anterior Plan de Ordenamiento Territorial se encontraba vencido desde el 31 de diciembre de 2015, razón por la cual las dos administraciones anteriores intentaron su modificación excepcional y su revisión general, respectivamente, sin éxito; en efecto, en ambos casos el Concejo Distrital votó negativamente su adopción, manteniendo vigentes los conflictos que persisten desde el año 2000 en relación con la Reserva Thomas Van der Hammen, la relación del espacio urbano con los cerros orientales y el río Bogotá, los recurrentes cambios en el trazado y la programación de los corredores de transporte masivo, el endurecimiento de los humedales y el uso de la expropiación en los procesos de renovación urbana, entre otros.
Entre tanto, pesaron sobre Bogotá tres contingencias que hacían de la adopción de un nuevo POT un asunto inaplazable. La primera, de carácter judicial, exigía al Distrito modificar su Plan de Ordenamiento para conformarlo con las disposiciones del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá adoptado por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Las otras dos, relacionadas con la supervivencia, exigían una respuesta, con sentido de urgencia, para corregir el rumbo de una ciudad que nos dejó ver sus límites en 2020 y 2021, en un planeta en vilo por los efectos del cambio climático y en medio de un desastre económico y social que nos deja la pandemia de covid-19.
A pesar de las restricciones de pandemia, la evaluación, el diagnóstico y la formulación del POT registraron la cifra más alta de participación en procesos de este tipo, al recoger aportes de cerca de 31 mil ciudadanas y ciudadanos como representantes de las comunidades, poblaciones, gremios y asociaciones más diversas, superando en un 9% y 33%, respectivamente, los procesos de los dos proyectos de POT que se adelantaron en 2019 y 2013.
Durante la fase de formulación, cerca del 96% de los aportes hechos por la ciudadanía relacionados con el POT fueron incorporados a la propuesta, concretando así el mandato constitucional y legal de fortalecimiento de la democracia participativa en todos los procesos de toma de decisiones públicas. Además, se acogieron observaciones emitidas por las autoridades ambientales y el Consejo Territorial de Planeación Distrital, las cuales quedaron incluidas en la propuesta de Revisión General radicada ante el Concejo Distrital el 10 de septiembre de 2021.
Habiéndose cumplido cada uno de los trámites previstos en las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, y en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1232 de 2020 para la expedición de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, su aprobación correspondía en primera instancia al Concejo de Bogotá, organismo constitucionalmente facultado para reglamentar los usos del suelo. No obstante, vencido el plazo de 90 días que la ley le concedió, el Concejo Distrital no tomó decisión alguna, facultando así a la alcaldesa Claudia López para adoptarlo por Decreto.
