Deficiencias de carácter técnico y fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas, habrían provocado que 18.548 muestras para Covid-19 en el país no pudieran ser procesadas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.
Así lo advirtieron el contralor General Carlos Felipe Córdoba Larrarte y el procurador Fernando Carrillo Flórez, quienes señalaron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia.
De acuerdo a los funcionarios, los problemas identificados se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.
Los organismos de control evidenciaron que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.
“2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras”, señalaron.
Para los entes de control, llamó la atención que a pesar que desde el inicio de la pandemia habían venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias.
Por ello, exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para el manejo del Covid-19.
Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.