El reciente acuerdo para limitar el aumento del precio del diésel a $800, en lugar del previsto $1.904, tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas. La medida, acordada para resolver el paro camionero que duró solo cuatro días, aumentará el déficit fiscal del país.
El nuevo acuerdo, alcanzado en la madrugada del 6 de septiembre, establece un incremento inmediato de $400 en el precio del Acpm y otro aumento de $400 a partir del 1 de diciembre. Esta solución buscaba equilibrar las demandas del gremio transportador con la necesidad del gobierno de evitar un aumento total del precio del combustible.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había propuesto un aumento completo del precio del Acpm como una medida impopular pero necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
La propuesta inicial prometía un ahorro de $1,6 billones, pero con el acuerdo alcanzado, el ahorro será solo de aproximadamente $600.000 millones, lo que representa un 42% de lo presupuestado. El déficit del Fepc, que ya se había agravado desde 2021, alcanzará los $11 billones con el aumento de $800, en lugar de los $10 billones previstos con el ajuste de $1.904.
Aunque el acuerdo ayudó a evitar un paro prolongado y sus efectos negativos en la economía y el costo de vida, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) considera que el aumento en el precio del combustible es necesario. Desde enero de 2020, el precio del Acpm no se ha ajustado, lo que ha contribuido al creciente déficit fiscal.
Para 2025, se espera que el país enfrente un costo adicional de $10 billones para cubrir el déficit acumulado. El ajuste del precio del diésel es visto como una medida esencial para mejorar la estabilidad fiscal y promover una transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Sin embargo, el Observatorio Fiscal advierte que, si no se realizan más ajustes en el futuro, la sostenibilidad fiscal del país podría estar en riesgo.
