La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario a siete militares del Ejército Nacional, por la presunta omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad al interior del cantón San Jorge (Cúcuta, Norte de Santander) el 15 de junio pasado, cuando fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar.
La decisión disciplinaria cobija al comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional con sede en Cúcuta para la época de los hechos, coronel Ilvar Orlando González Villamil, a otros tres oficiales y tres suboficiales: el jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexánder Carrero Salcedo.
También fueron llamados el comandante de guardia en la fecha del atentado, sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; el suboficial de administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba su servicio en la entrada principal del cantón San Jorge el día de los hechos.
A juicio del Ministerio Público, al parecer no se habrían adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal que allí labora, entre otras, ya que, no se habría ordenado la disposición de un soldado apoyado por un canino antiexplosivos, situación que “según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”.
La Procuraduría señaló en el caso el comandante de la Brigada 30 que “debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección a fin de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta del coronel González Villamil, de los sargentos Espejo López y López Aguirre, así como del cabo segundo Pava Caviedes como una falta grave cometida a título de culpa.
En el caso del coronel Vega Losada, el teniente coronel Sarmiento Gutiérrez y el mayor Carrero Salcedo, el Ministerio Público calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
