91.532 personas beneficiadas con acceso de agua potable, 162 comunidades con proyectos de rehabilitación, 560 infraestructuras contratadas y 62 terminadas; además de la apertura del concurso público internacional para la estructuración de la solución definitiva para el suministro de agua potable para un millón de personas que viven en La Guajira, fueron algunas de los avances que presentó la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en el marco de la sesión de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.
Esta sentencia declaró el estado de cosas inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao. También estableció una serie de compromisos del Estado para superar esa situación.
En la sesión de la sala especial de seguimiento, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, se refirió a las acciones que ha adelantado la entidad para cumplir el mandato de la Corte. “Tenemos resultados concretos: 91.532 personas ya se están beneficiando con agua potable de calidad, gracias al plan de rehabilitación de infraestructuras. 560 de estas ya fueron contratadas y 62 están en operación”, puntualizó. En estas acciones se han invertido más de $21.000 millones.
Además, el Ministerio ha liderado el Comité Técnico de Agua, en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (Mesepp), que ha permitido la articulación entre entidades nacionales, departamentales y municipales con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para que las comunidades wayúu y habitantes de La Guajira tengan acceso al agua.
“Lo más importante para llevar agua a La Guajira es contar con una solución estructural y ese es el propósito de este concurso de méritos”, explicó a la Corte la Ministra Velasco.
Este proceso tiene un presupuesto de $28.851 millones y se tiene previsto que sea adjudicado el próximo 30 de julio. Se estima que las obras que queden definidas tengan una inversión de $2,3 billones y se desarrollen en un lapso de 6 años.
Con respecto a lo expuesto por Velasco Campuzano, Jairo Alfonso Aguilar Deluque valoró el esfuerzo que se está haciendo “al tener la posibilidad de tener resuelto uno de nuestros problemas históricos, que es el acceso a agua potable».
Por su parte José Fernando Reyes, presidente de la sala especial de seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, expresó: “las sesiones técnicas y las audiencias a veces están llenas de muchas promesas, pero yo hoy podría decir que, sobre todo en la intervención de la señora Ministra de Vivienda, y en general de todos, hemos visto que hay acciones que son tangibles”.
