Luis Gonzalo Pérez, videógrafo de María Corina Machado, vivió sus últimas semanas en Venezuela escondido en casas de seguridad de la oposición. El régimen de Nicolás Maduro lo declaró como el “periodista número uno” que debía ser capturado por el supuesto delito de terrorismo. Pérez, de 33 años, recibió la noticia de la orden de captura de boca de la misma líder opositora, que le pidió que no saliera más para proteger su vida. Finalmente, tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas hacia Colombia.
No bastó con esconderse. Los funcionarios del régimen llegaron a la casa de su mamá, a la de su padre y sus abuelos y hasta al apartamento en Caracas donde vivía, haciéndose pasar por funcionarios de CanTV cuando él ni siquiera tenía teléfono fijo en su casa. Lo tenían rodeado y tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas, en la que solo cargaba a cuestas dos camisas, dos pares de medias y un morral con sus documentos.
Es preciso mencionar que en la actualidad existen más de 230 venezolanos que trabajaban en política, en defensa de derechos humanos o periodismo, que han huido a Colombia desde las elecciones porque el régimen los declaró como objetivo policial. Todos ellos ya le pidieron a la Cancillería que los reconozca como refugiados, pero hasta ahora solo tienen un salvoconducto que les permite residir en el país de forma regular, mas no trabajar.
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han denunciado que la Cancillería no ha agilizado los procesos de protección para estos venezolanos perseguidos.
La situación de estos refugiados es crítica. Sin la posibilidad de trabajar, su subsistencia en Colombia se vuelve cada vez más difícil. Las organizaciones de derechos humanos han instado al Gobierno colombiano a que agilice los trámites y les otorgue el estatus de refugiados para que puedan integrarse plenamente en la sociedad y acceder a oportunidades laborales.
Angélica Ángel, defensora de derechos humanos, al igual que Pérez tuvo que huir de Venezuela hacia Colombia tras ser acusada de “terrorismo” por el régimen de Nicolás Maduro.
La situación de estos refugiados ha puesto en evidencia la necesidad de agilizar los procesos de solicitud de asilo en Colombia. Human Rights Watch solicitó a la Cancillería colombiana que permita a los solicitantes de asilo trabajar de manera regular mientras se resuelve su situación migratoria. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, destacó que en el Darién se ha incrementado el número de personas que cumplen con la definición de refugiados o sujetos de asilo. “Son personas que salieron a protestar, jugaron un rol como testigos en el proceso electoral, han visto a conocidos siendo perseguidos o que fueron perseguidos directamente”, afirmó.
El alcalde de Torres, Javier Oropeza, también se exilió en Colombia tras ser investigado por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, por el supuesto delito de omisión en un ataque a la sede del Psuv. Le incautaron bienes, allanaron su medio de comunicación y el Sebin tomó la sede de la Alcaldía. Cuando intentaron secuestrar a sus hijas menores de edad, huyó con su familia.
