El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó este jueves el cierre inmediato de la oficina en Venezuela del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como represalia por sus críticas al encarcelamiento que sufre la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, del equipo de María Corina Machado.
Los 13 funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen de 72 horas para abandonar el país.
«Hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas», declaró el canciller venezolano, Yván Gil.
El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que su gobierno realizará una «revisión integral» durante 30 días de la cooperación técnica puesta en marcha con la ONU en 2019.
La detención de San Miguel desencadenó una oleada de censuras y críticas, a las que se unió el Alto Comisionado Volker Türk, quien exigió «su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
Lo que más irritó al Gobierno de Maduro fue que calificara como «desaparición forzada» lo sucedido con la activista, que estuvo más de 100 horas en paradero desconocido e incomunicada, que no contó con sus abogados ni antes ni durante su presentación nocturna ante una tribunal antiterrorista y que además sufrió la captura de cinco familiares muy cercanos, incluida su hija Miranda, que como su madre también cuenta con doble nacionalidad y vive en Madrid.
Sobre la activista de derechos humanos pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Maduro, uno de los cinco denunciados en las últimas semanas desde el poder bolivariano.
Las organizaciones venezolanas reclamaban en las últimas horas a la Oficina de la ONU que elevara su presión para que confirmara el estado físico de San Miguel en su lugar de reclusión.
En contra de la oficina de la ONU en Caracas se ha sumado también la visita de Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación.
El funcionario contó con el respaldo de la oficina en sus distintos itinerarios, dificultados por las habituales medidas bolivarianas. Sus conclusiones no gustaron nada al chavismo: los Clap, bolsas de comida parecidas a la libreta cubana de racionamiento, eje fundamental del sistema de control social del gobierno, se ha convertido en una «limosna caritativa» de bajo valor nutricional y mala calidad dentro de un sistema de clientelismo en el que se la niega a críticos y opositores.
Con información de Elmundo.es
