Donald Trump ha marcado un hito en la historia política estadounidense al convertirse en el primer expresidente en ser condenado penalmente. Esta condena se produce en medio de una serie de acusaciones judiciales que incluyen fraude empresarial, manipulación de registros y mal manejo de fondos destinados a influir en elecciones.
En particular, Trump enfrenta 34 cargos en Nueva York por falsificación de registros empresariales, relacionados con pagos ilícitos destinados a silenciar a personas durante su campaña presidencial de 2016. Cada uno de estos cargos conlleva una posible pena de hasta cuatro años de prisión.
El caso más destacado involucra a Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, con quien Trump mantuvo una relación en 2006.
Durante la campaña electoral de 2016, su equipo buscó ocultar esta relación mediante un pago de 130,000 dólares realizado por su abogado personal, Michael Cohen. Este pago fue diseñado para evitar que Daniels hiciera pública la historia, lo que podría haber perjudicado las posibilidades electorales de Trump; Cohen posteriormente admitió que el dinero fue un pago ilegal destinado a influir en la campaña y que fue reembolsado a través de la Organización Trump, utilizando registros contables falsificados para encubrir la transacción.
La imputación de Trump se produjo tras una serie de investigaciones que culminaron en su juicio penal en 2023, convirtiéndose así en el primer expresidente juzgado penalmente. Aunque Daniels intentó demandar a Trump por difamación, perdió el caso y fue condenada a cubrir los costos legales del expresidente.
El próximo 26 de noviembre, Trump enfrentará el delito por “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016”, lo que podría resultar en una condena teórica de hasta cuatro años. Sin embargo, expertos sugieren que es poco probable que el juez Juan Merchan imponga una pena real, dado el contexto político y las complicaciones prácticas asociadas con encarcelar a un presidente electo.
A pesar de su situación legal, Trump ha logrado consolidar su posición como candidato presidencial del Partido Republicano; la Constitución no impide que un candidato condenado se postule o asuma la presidencia, lo que le permitió ser reelegido el 5 de noviembre.
Su equipo ha capitalizado estas circunstancias, alegando persecución política y recibiendo un aumento significativo en donaciones tras su condena. Aunque algunos analistas esperaban que esto afectara negativamente su popularidad, parece haber fortalecido su imagen entre sus seguidores más leales, quienes lo ven como «un símbolo de resistencia contra un sistema político que consideran corrupto».
