Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarticular una organización criminal transnacional señalada de captar y someter a más de 100 ciudadanos colombianos a…
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Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y España permitió desarticular una organización criminal transnacional señalada de captar y someter a más de 100 ciudadanos colombianos a trabajos forzados en centros de llamadas clandestinos en Camboya. La estructura, presuntamente vinculada con la denominada mafia china en Asia, utilizaba falsas ofertas laborales en el extranjero para trasladar a sus víctimas y obligarlas a participar en fraudes financieros y estafas virtuales.
El operativo permitió realizar tres capturas por orden judicial y dos retenciones mediante notificaciones rojas de Interpol en las localidades españolas de Zamora y Castellón. La investigación fue adelantada por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Policía española. Según las pesquisas, la organización era liderada por un hombre identificado con el alias de ‘Jiaxing Ye’, quien coordinaba las actividades de una estructura integrada por responsables financieros, enlaces internacionales y reclutadores establecidos en Colombia.
El mecanismo de captación estaba dirigido principalmente a hombres y mujeres entre los 25 y 35 años que atravesaban dificultades económicas. A estas personas les ofrecían empleos bien remunerados en supuestos centros de llamadas en Tailandia o Camboya, relacionados con la comercialización de criptomonedas. La red también se encargaba de gestionar los trámites para obtener pasaportes, comprar tiquetes aéreos y entregar instrucciones sobre qué declarar ante las autoridades migratorias para evitar controles. El recorrido iniciaba en Colombia, continuaba con escalas en Países Bajos o España y posteriormente pasaba por Tailandia, hasta llegar a Phnom Penh, capital de Camboya, o a sectores fronterizos con Vietnam.
Sin embargo, al llegar a su destino, las víctimas eran despojadas de sus documentos de identidad, sometidas a vigilancia armada y obligadas a trabajar en complejos tecnológicos cerrados. Allí cumplían jornadas nocturnas de hasta 12 horas, con acceso restringido a servicios de atención médica. Para recuperar su libertad, los responsables les exigían pagar una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos, equivalente a unos 9.000 dólares, por los gastos de traslado, o permanecer al menos seis meses bajo condiciones de trabajo forzado.
Dentro de los centros, los colombianos recibían una capacitación delictiva conocida como ‘mastereo’, mediante la cual aprendían a contactar telefónicamente a ciudadanos en Colombia y hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional. Bajo esa modalidad, ofrecían supuestos trámites para obtener la cédula digital e inducían a las personas a instalar aplicaciones en sus teléfonos celulares. Esto les permitía acceder de manera fraudulenta a los dispositivos y posteriormente vaciar las cuentas bancarias de las víctimas.
En el desarrollo de la investigación, las autoridades identificaron a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como presuntos responsables de perfilar, reclutar y trasladar a ciudadanos colombianos hacia Camboya. También fueron señaladas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino por su presunta participación en las actividades de la organización. Adicionalmente, se emitieron tres notificaciones azules de Interpol para ubicar a otros posibles integrantes de la estructura criminal y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
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