Una Corte del Estado de la Florida, en Estados Unidos, y a través de un fallo considerado en defensa de los derechos humanos, declaró culpable por financiación del terrorismo a la multinacional estadounidense Chiquita Brands beneficiando a grupos paramilitares en Colombia.
Chiquita Brands, una de las mayores exportadoras de banano en el mundo, fue señalada tras el veredicto del jurado evaluador en el proceso, por realizar pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de innumerables violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.
Este fallo es considerado un hito en la lucha por la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado en el país.
El jurado de este proceso civil concluyó que los demandantes presentaron pruebas de que la empresa “proveyó asistencia sustancial a las AUC en la forma de pagos en efectivo y otros medios a un grado suficiente para crear un riesgo posible para otros”.
Chiquita Brands International aceptó haber pagado entre 1997 y 2004, unos US$ 1,7 millones al grupo paramilitar, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro fechado en 2007.
El texto subraya que la compañía continuó haciendo los pagos aun cuando el gobierno de Estados Unidos había designado a las AUC como Organización Terrorista Internacional y menciona que, en 2003, un funcionario de Chiquita Brands que no es mencionado en el documento, dijo al Departamento de Justicia que los pagos habían continuado debido a “la amenaza de violencia”.
En el fallo, también se advierte que “los más de 1,7 millones de dólares que pagó la multinacional a las AUC, entre 1997 y 2004, contribuyeron a fortalecer su presencia en el Urabá y en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región”.
Sin embargo, para las víctimas y sus familias, estos pagos representaban la complicidad activa de la multinacional en la perpetuación de la violencia.
El fallo se produjo en un juzgado de West Palm Beach después de 17 años de proceso judicial y la recopilación de nueve de las miles de víctimas de las AUC. La sentencia contra Chiquita Brands no solo es una victoria legal, sino también un importante reconocimiento de la responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado.
Esta decisión sienta un precedente crucial para otras empresas que operan en zonas de conflicto, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de financiar grupos armados ilegales. Esta decisión judicial permite que más víctimas del paramilitarismo puedan acceder a mecanismos de reparación.
Las familias de estas víctimas recibirán una indemnización económica, estimada en cerca de dos millones de dólares. Este dinero será destinado a programas de reparación y reconstrucción de las comunidades afectadas, buscando mitigar el impacto de años de violencia y abandono estatal.
Chiquita Brands ha expresado su intención de apelar la decisión, argumentando que los pagos fueron realizados bajo coacción y que la empresa siempre actuó en defensa de sus empleados y operaciones. Sin embargo, la contundencia de las pruebas presentadas durante el juicio hace poco probable que la sentencia sea revertida.
