El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló un millonario giro que estaba destinado al municipio de Uribia, al concluir que la transferencia fue tramitada sin el soporte técnico, financiero y operativo requerido. La decisión judicial respalda las actuaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que había frenado previamente el desembolso.
El fallo, emitido tras una demanda presentada por la propia entidad, determinó irregularidades en la Resolución 117 de 2024, mediante la cual se pretendía girar más de 7.100 millones de pesos a través de un Fondo de Inversión Colectiva para la operación de carrotanques en medio de una situación de emergencia.
Según el alto tribunal, aunque existía un contexto que permitía la intervención estatal, la medida no estaba debidamente sustentada. En particular, se evidenció una falla en la motivación del acto administrativo, ya que no contaba con el soporte técnico, financiero y operativo suficiente que justificara la cuantía y destinación específica de los recursos.
“Desde que llegamos a la entidad, tomamos la decisión de frenar estos giros y acudir a la justicia. Hoy el Tribunal confirma que las decisiones sobre recursos públicos deben estar debidamente sustentadas y ajustadas a los procedimientos”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Este caso hace parte de un conjunto de siete operaciones similares que suman cerca de 600.000 millones de pesos, autorizadas durante los últimos días de la administración de Olmedo López, quien actualmente enfrenta un proceso judicial y permanece privado de la libertad tras reconocer su participación en un esquema de corrupción.
Durante el proceso, el Tribunal había ordenado una medida cautelar que suspendió temporalmente el giro, evitando que los recursos fueran ejecutados mientras se resolvía el caso de fondo.
De las siete operaciones bajo revisión, tres ya habían sido revocadas directamente, correspondientes a Corpourabá, Corantioquia y Bolívar, mientras que en otros casos, como el de Uribia, fue necesario acudir a la justicia para frenar su ejecución.
La UNGRD reiteró que continuará adelantando acciones para garantizar la correcta destinación de los recursos públicos y evitar que se repitan este tipo de situaciones en el manejo de fondos para la atención de emergencias.
