Una comunicación de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, al Ministerio de Hacienda argumentando su preocupación sobre algunas falencias que detectó en el proceso de licitación para “contratar la operación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado”, en el Distrito de Riohacha, generó una solicitud a la Procuraduría General para su suspensión.
En el documento, se advierte que el Ministerio de Vivienda informa de la existencia de irregularidades que ponen en riesgo “el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios de acueducto y alcantarillado”, además que los procesos de selección no se adecúan a los “tramites contractuales previstos en la ley”.
Las observaciones iniciales al proceso licitatorio tienen que ver con el documento Pliego de Condiciones sobre los estudios de costos y tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, en donde se indica que el pliego de condiciones se aparta de la normatividad vigente desconociendo la regulación tarifaria que aplica al Distrito puesto que al cierre de la vigencia 2021 la empresa prestadora reporta más de 39.000 mil usuarios de acueducto y más de 32.000 usuarios de alcantarillado.
Además, que “no se observa el anexo tarifario dentro de los pliegos de condiciones, en tal sentido se desconoce cómo se debe presentar la tarifa contractual en la propuesta. De otra, parte, en la revisión del anexo técnico, se establece que la metodología tarifaria a aplicar será la Resolución CRA 688 de 2014, lo que genera discrepancia entre los estudios previos, el pliego de condiciones y el anexo técnico”. Lo que claramente genera incoherencias que afectarán el cumplimiento de los indicadores de calidad, continuidad y cobertura.
Sobre el presupuesto Oficial en la página 51, indican lo siguiente: “Riohacha, teniendo en cuenta que se trata de un contrato concesión, no existe un valor determinado, más sin embargo el Distrito establece como valor del contrato para efectos fiscales, tributarios y asegurable en la cifra de $11.651.000.000, valor que obedece a un estimado de las inversiones a realizar por parte del concesionario en el primer año, dicho valor es superior a la menor cuantía establecida para la entidad, determina con base en lo establecido en el artículo 2, numeral 1 de la ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 32 No. 1 de la ley 80 de 1993, que la modalidad de selección para la escogencia del presente proceso corresponde a licitación pública, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015”.
El Ministerio en su informe señala que del proceso licitatorio no resulta clara la inversión que debe realizar el operador en el primer año, revisado el Anexo Técnico, encontró en la página 90 la identificación de inversiones mínimas requeridas por valor de $126.235 millones en acueducto y alcantarillado, y como inversiones requeridas con aportes gestionados por el contratante aparecen cinco proyectos por valor de $107.500 millones.
Sin embargo, actualmente los cinco proyectos se encuentran en revisión por parte de la Nación y el Departamento, lo que significa que el contratante no puede establecer en el proceso licitatorio que gestionará proyectos que ya cuentan con financiación. Esas inconsistencias amenazan la sostenibilidad financiera de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado objeto del contrato, así como el cumplimiento de los indicadores de continuidad, calidad y cobertura.
Así las cosas, estos hechos se materializan como una amenaza a la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y como una clara violación a las normas presupuestales y contractuales al comprometerse en pagos a futuro sin autorización del Concejo distrital para comprometer de vigencias futuras, señala el documento enviado a la procuradora Margarita Cabello Blanco.
